CHILE ES ILEGAL. ¡DESOBEDIENCIA CIVIL AHORA! ¡LA REBELIÓN SE JUSTIFICA!
Cada cierto tiempo reaparece el debate de qué es constitucional y que no. También aparece aquello de promulgar nuevas leyes para hacer respetar la autoridad y las leyes. Todo esto como si hubiera estado de derecho.
En la actual tramitación de la llamada Ley Micelanea de Kast, o reforma tributaria encubierta, vemos a los diputados del Partido Comunista y del Frente Amplio exigiendo que se respete la constitución, es decir, que se respete la constitución de Pinochet para evitar que la tramitación avance y finalmente se promulgue. Esta izquierda ha hecho suya la constitución de la dictadura y hoy la defiende con garras y colmillos. Para ellos ha pasado a ser una cuestión de vida o muerte como si estuviera en riesgo la democracia y el estado de derecho. Pero, ¿existe democracia en Chile? ¿Existe estado de derecho?
Hasta antes que se iniciara la Insurrección Militar-Fascista-Oligárquica contra el gobierno de Salvador Allende o hasta antes que fuera derrocado la constitución que imperaba, aun cuando no fue redactada por una asamblea constituyente, era la Constitución de 1925. Y qué decía esa constitución:
Artículo 3. Ninguna persona o reunión de personas pueden tomar el título de representación del pueblo, arrogarse sus derechos, ni hacer peticiones en su nombre. La infracción a este artículo es sedición.
De esto se desprende que las fuerzas militares y burguesas (oligárquicas y fascistas todas) que usurparon el poder que se había constituido previo al gobierno de Allende y en el gobierno mismo, al usurpar el poder incurrieron en el delito de sedición y con ello también las fuerzas empresariales (gremiales) que conspiraron para no tan sólo derrocar al gobierno sino romper la constitución vigente y romper el estado de derecho de cómo se conocía hasta ese entonces.
Artículo 4. Ninguna magistratura, ninguna persona, ni reunión de personas pueden atribuirse, ni aún pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido por las leyes. Todo acto en contraversión a este Artículo es nulo.
Y este último articulo resulta fundamental para nuestro propósito.
Cuando el artículo señala que «Todo acto en contraversión a este Artículo es nulo» debemos entender por acto todo decreto, norma, ordenanza, o cualquier otro acto legal o político que se haya dado, emitido por una persona o grupo de persona usando facultades que nadie le ha otorgado y que han asumido, en el caso de la Junta Militar y para abajo, solamente por tener el monopolio de la fuerza militar. En pocas palabras todas las políticas desarrolladas por la dictadura, durante toda la dictadura, son nulos, es decir los 11 Pilares del Neoliberalismo impuesto en ese período, y al ser nulos todos esos actos y políticas, las políticas desarrolladas por los gobiernos burgueses-civiles desde 1990 hasta hoy son también nulos porque están hechos sobre la base de un poder sedicioso y usurpado, es decir, ilegitimo.
Todos los gobiernos pos 1990 (Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet 1 y 2, Piñera 1 y 2, Boric y Kast) son gobierno ilegales y sus actos son a la vez ilegales también porque se basan en la Constitución de 1980 y en todo el «ordenamiento» jurídico derivado de esta y antes durante el período 1973-1980 cuyos actos son todos nulos atendiendo al articulo 4 de la Constitución de 1925. Por ejemplo, no nos podría multar por no pagar el Transantiago por cuanto esa política se da en el marco de la constitución de 1980 impuesto desde un poder sedicioso, y por ende, nulo. Así, las reformas a las AFPs, a la educación, salud, tributarias, etc son también actos nulos que están al margen del derecho establecido en la Constitución del 25. Los sucesivos parlamentos han sido parlamentos ilegales así el ejercicio de los alcaldes, concejales, gobernadores, intendentes y de toda «autoridad» incluyendo el nombramiento de jueces y ministros de la Corte Suprema y de todos los estamentos de los tres poderes.
Ante esta situación de ilegalidad perpetua, ante esta inexistencia de un estado de derecho, el pueblo como soberano tiene el derecho y el deber de declararse en Estado de Desobediencia Civil, de desconocimiento absoluto de todas las autoridades hoy y del pasado porque todas ellas se han encumbrado sobre un poder cuya base es la sedición.
En definitiva, el Estado de Chile, hoy, se sostiene solamente por el poder las armas, de la fuerza militar pero no se sostiene por el derecho, por el imperio de la ley o por la existencia de un Estado de Derecho. Y si sólo se sostiene por el poder las armas y no del derecho, entonces, estamos en presencia de una dictadura y hemos sido gobernados por gobiernos de factos y cuando un pueblo está bajo una dictadura no sólo la desobediencia es un deber sino que la rebelión se justifica.
