¡NINGÚN REVOLUCIONARIO EXTRADITADO!
Será el 11 de marzo del 2026 cuando José Antonio Kast asuma como nuevo presidente de Chile respaldado por una nueva coalición de la derecha fascista que se presentará como amplia y ante un gobierno que se define como de “emergencia”.
Faltando tres meses para ello, Kast ha viajado a Argentina, en su primer viaje al exterior, para presentar sus respetos al otro fascista y loco de patio, Javier Milei. Los transcendidos en la prensa han señalado que uno de los temas tratado ha sido la extradición del ex comandante Salvador del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (Sergio Galvarino Apablaza Guerra) quién se encuentra radicado en Argentina bajo asilo político.
Los tribunales burgueses de justicia en Chile han requerido la comparecencia del combatiente internacionalista en el caso por el ajusticiamiento del ex senador y fundador del partido fascista Unión Demócrata Independiente, UDI, a inicios de la transición (1 de abril, 1991) acción realizada por un comando del FPMR en el marco de la campaña contra la impunidad y de la ley de punto final que se quiso imponer sobre los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura de Pinochet. Han transcurrido 34 años de la acción y bien pudiera estar cerrado y prescrita la acción. Los argumentos falaces de la UDi y que ha sido acogido por los gobiernos de la Concertación, Nueva Mayoría y también por el gobierno de Boric es que este hecho es imprescriptible por cuanto constituye una violación a los derechos humanos y por ende un crimen contra la humanidad. Con esto la UDI, y los sucesivos gobiernos progresistas, han torcido lo establecido en los tratados internacionales que señalan que los crímenes contra la humanidad y las violaciones a los derechos humanos sólo son cometidos por el Estado y sus agentes lo cual no es el caso del FPMR y de sus combatientes de la época.
Kast en su visita a Argentina aseguró que una vez en la presidencia, su gobierno hará todos los esfuerzos por extraditar a Salvador y someterlo a la justicia burguesa. El principal argumento de Salvador para su no concurrencia que no existen las condiciones de un juicio justo, ecuánime y con respeto a la imparcialidad necesaria siendo el juicio de principio a fin un juicio político. Los sucesivos gobiernos progresistas han respondido ante este argumento que en Chile impera el estado de derecho y la igualdad ante la ley como también la imparcialidad de los tribunales de justicia.
Hace algunos meses atrás se entabló una querella por obstrucción a la justicia en contra Eduardo Frei y ministros por cuanto ha quedado claro y descubierto que estando detenido el dictador genocida Augusto Pinochet en Londres, el gobierno de Frei asesoró al criminal para que éste mintiera ante la justicia británica y así librarse de comparecer ante un tribunal internacional solicitado en esa época por el juez español Baltazar Garzón. Este sólo hecho da plena razón a los argumentos esgrimidos por el ex comandante del FPMR. Cabe señalar que la detención de Pinochet en Londres constituyó la única posibilidad cierta de tener a Pinochet tras las rejas y que gracias al progresismo éste pudo morir en su cama sin conocer sentencia alguna por los horrendos crímenes. La impunidad en los crímenes contra la humanidad fue uno de los pilares de la transición a la democracia a lo cual el progresismo accedió sin resistencia alguna.
Con el triunfo de Kast en las elecciones presidenciales recientes, el progresismo derrotado levantará una falsa bandera antifascista y una falsa lucha contra el gobierno de Kast ya que, en esta materia, como en muchas otras, las diversas alianzas progresistas han coincidido con la derecha fascista en la persecución de revolucionarios. Así ocurrió al inicio de la transición con 500 presos y presas políticas pertenecientes a organizaciones armadas revolucionarias que combatieron la dictadura de Pinochet. Así ocurrió con la persecución internacional a revolucionarios rodriguistas fugados de la Cárcel de Alta Seguridad en helicóptero (30 de diciembre, 1996. Operación Vuelo de Justicia, FPMR) como fue el caso de Patricio Ortiz y Ricardo Palma Salamanca ambos bajo asilo en Europa. Mauricio Hernández Norambuena preso político en Chile. Y Pablo Muñoz Hoffman que también correría riesgo de las acciones de Kast para apresarlo y extraditarlo a Chile.
Más de las legítimas discrepancias que se pudiera tener con la conducción y las políticas de Galvarino Apablaza una vez que dejó el FPMR, lo cierto es que desde los principios revolucionarios no se puede permitir la extradición y persecución de revolucionario alguno. Quienes se identifican con un proyecto revolucionario, con la transformación revolucionaria de la sociedad deben desarrollar la solidaridad activa y evitar por todos los medios que las fuerzas reaccionarias y fascistas desarrollen acciones vengativas con ex militantes de organizaciones revolucionarias cuyo aporte fue indiscutible tanto en el plano nacional como en la lucha internacionalista.
UN PROGRESISMO TIPO FASCISMO.
Más allá de la derrota aplastante del progresismo en las elecciones, lo cierto es que éste está en deuda y tiene muchas cuentas pendientes.
Como señalamos anteriormente fue durante los inicios de la transición que el progresismo desarrolló toda una política contrainsurgente que significó que 500 militantes revolucionarios fueran presos y presas políticas todos los cuales fueron sometidos a torturas y a montajes judiciales como doble condenas (por la justicia civil y militar).
El progresismo no sólo creó nuevos organismos represivos-contrainsurgentes como la Oficina de Seguridad sino también construyó la Cárcel de Alta Seguridad inaugurada el 20 de febrero de 1994 destinado para militantes y combatientes revolucionarios procesados por la Ley Anti Terrorista, Ley de Control de Armas, Asociación Ilícita Terrorista y Seguridad Interior del Estado. La forma en que se concibió la Cárcel de Alta Seguridad, su régimen carcelario estaba diseñado para ser un régimen de aniquilamiento y de evidente violación a los derechos humanos de los familiares como visitas a sus familiares detenidos como también atentatorio a los derechos y privilegios propios en la relación con los abogados defensores. Si no hubiese sido por la lucha decidida de los familiares de los presos políticos de la época, el régimen carcelario de la CAS no hubiese cambiado.
Una vez terminado el capítulo de la historia de la prisión política en Chile que involucró a los 500 presos y presas políticas de la transición a la “democracia”, hoy en Chile existen alrededor de 140 presos políticos y el estado de Chile, gracias al gobierno de Boric, ha endurecido la legislación penal contra los movimiento sociales, populares y revolucionarios. Ha promulgado una nueva ley Anti Terrorista peor que la que impuso Pinochet. Creó el nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Ha dejado en la más completa impunidad los crímenes contra la humanidad cometidos por el Estado y sus agentes durante el estallido social del 2019 y ha fortalecido los aparatos armados involucrados en ese terrorismo de estado sin que éstas se hayan depurado.
El gobierno de Boric no sólo ha permitido los testigos sin rostro en juicios contra comuneros mapuche, sino que ha impulsado montajes judiciales, periodísticos y políticos con la finalidad de encarcelar a los comuneros mapuche. Se ha asociado con el estado de Argentina en la persecución y extradición de Facundo Jones Huala como también se ha asociado con los organismos represivos argentinos en la persecución de Sergio Galvarino Apablaza Guerra.
