DENUNCIA-POBLADORES. LA BUROCRACIA DEJA A 155 FMILIAS A LA ESPERA DE VIVIENDAS EN PROYECTO VECINAL.

En las cercanías del terreno donde debería levantarse el Proyecto Vecinal, en la población Las Lilas (Pedro Aguirre Cerda), dos lienzos interpelan al Gobierno y al Estado: “No + vecinos muertos esperando por su vivienda!! Construcción ya del Proyecto Vecinal” y “Subsidio asignado, obras cero. ¡¡No + burocracia!! Construcción Proyecto Vecinal Ya”. Los lienzos, instalados en el marco de la jornada de protesta convocada para el 26 de septiembre por el derecho a la vivienda y en contra de los desalojos, no solo denuncian el estancamiento de un proyecto con 155 subsidios asignados hace un año, sino que visibilizan una crisis sistemática: la vivienda como mercancía, no como derecho.

Burocracia: El Embudo Diseñado para Excluir

El proyecto esta paralizado porque aún no se tramita la compra del terreno, un trámite que debió realizarse hace meses. Para las familias, esto refleja una lógica perversa: el Estado no garantiza la concreción de las obras, dejando a las familias en el limbo.

“Cumplimos todos los requisitos, pero el sistema falla. Es más que lentitud, es desprecio hacia nuestras necesidades y urgencias”, afirma una pobladora. Cabe señalar que en este proceso ya han fallecido varios pobladores adultos mayores, sin concretar el anhelo de la casa propia.

Prelación: El Sorteo Inhumano de la Miseria

Mientras el Proyecto Vecinal no avanza, el Gobierno continúa en la implementación del mecanismo de prelación, sistema de selección (por medio de puntaje) que define el orden de prioridad de las familias para acceder a subsidios habitacionales y proyectos de vivienda, y que en el papel tiene como objetivo organizar de manera justa y equitativa a los interesados en obtener un subsidio. Esto contrasta con lo que señalan los vecinos, quienes denuncian que a vecinos de PAC que participan de este proceso se le han asignado departamentos de un dormitorio en Cerrilos. “¿Es eso una solución? No, eso es maquillar cifras mientras se entregan soluciones indignas”, señala una vecina.

MINVU sin recursos

El mecanismo de prelación se inserta en el Plan de Emergencia Habitacional (PEH) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), lanzado con bombos y platillos en el 2022, el cual se propuso disminuir el déficit habitacional mediante la entrega de 260 mil viviendas durante el período del Gobierno de Boric. Cabe señalar que, según estudios, la crisis de vivienda en Chile requiere al menos un millón de viviendas.

En este contexto, y a pocos meses de que termine el actual Gobierno, el MINVU admitió que no tiene disponibilidad de caja ni aportes fiscales suficientes para concretar los pagos de deudas vencidas a inmobiliarias, constructoras y proveedores, a lo que se suman los pagos pendientes a los propietarios de terrenos adquiridos que aún no han sido cancelados. Esta situación genera mayor tensión e incertidumbre en las familias a las que se les ha asignado un subsidio pero que hasta el día de hoy no ven avances en las obras, donde la piedra de tope es la compra del terreno, como el caso del Proyecto Vecinal.

Criminalización de la pobreza

El viernes 26 de septiembre se concretó la jornada de Protesta Nacional convocada por la Articulación de Tomas y Campamentos, la cual tuvo expresión en varios puntos del país, como Antofagasta, Santiago y Curanilahue, y cuyos ejes gravitantes eran contra los desalojos y por el derecho a una vivienda digna.

La crisis de la vivienda en Chile no es un fenómeno natural, no es un accidente de mercado ni una “mala racha” económica. Es el resultado directo de un sistema que ha transformado nuestra necesidad más básica -el techo que nos protege- en una mercancía. Mientras miles de familias viven hacinadas, de allegadas o en campamentos, las grandes inmobiliarias y los bancos amasan ganancias millonarias. El precio del suelo y el costo de los arriendos se disparan sin control, no porque haya escasez, sino porque la especulación se ha vuelto más lucrativa con la construcción. La vivienda es un negocio, no un derecho. Esa es la esencia de la explotación capitalista: hacer de la miseria la prosperidad de unos pocos. Los gobiernos (de derecha a izquierda) han preferido servir a la industria inmobiliaria antes que a las necesidades de la población. El Estado actúa como el comité de administración de los negocios de los ricos, y la vivienda se ha convertido en una pieza clave de este engranaje.

La ley anti-tomas es una ley de clase. En lugar de atacar las causas de la crisis habitacional (la especulación, el alto precio del suelo, la falta de políticas de vivienda pública, etc), esta ley persigue a las víctimas, tratando a las familias que ocupan un terreno abandonado como delincuentes. Esta ley convierte la desesperación de un techo en un crimen, mientras el crimen de la usura inmobiliaria queda impune.

El mismo día 26 de septiembre, se llevó la erradicación de un sector de la toma Nueva Amanecer en Cerrillos, y a la vez, el MINVU confirmó que “fue adjudicada licitación” para el desalojo y demolición de la toma en un terreno de la familia Correa en Quilpué. Días antes, el 23 de septiembre, el Poder Judicial dictó una serie de fallos para dar luz verde al desalojo de tres tomas que se ubican en un terreno de Forestal Arauco en la comuna de Curanilahue.

En síntesis…

*El caso de las 155 familias de Pedro Aguirre Cerda, estancadas por la burla burocrática del Estado que no compra un terreno, es el rostro de la indignidad. Esto es más que ineptitud, es una lógica perversa: un sistema que ha decidido que la vivienda es una mercancía para la especulación y las ganancias de los ricos, mientras nuestra gente muere esperando un techo.

*El MINVU ha fallado. El Plan de Emergencia Habitacional no es más que un maquillaje de cifras, un plan sin plata ni voluntad real, que luego castiga a las familias con soluciones indignas o con la Ley Anti-tomas.

*Mientras los especuladores inmobiliarios amasan fortunas, a los pobres se nos trata como delincuentes por buscar un lugar donde vivir. La crisis no es un accidente de mercado; es la consecuencia directa de un Gobierno y un Estado que prefieren servir a los banqueros antes que a las necesidades más básicas del pueblo.

*La solución real pasa por la fuerza de la organización y la protesta en las calles. La lucha por la vivienda tiene todas las capacidades para irrumpir con fuerza en el escenario electoral. Sin embargo, la diversidad que lucha por una vivienda digna debe levantar una muralla infranqueable contra la instrumentalización política. Es imperativo recordar que los partidos, tanto de derecha como de las administraciones progresistas anteriores y actuales, son quienes, con su burocracia y su lealtad al modelo de mercado, han profundizado esta crisis. La voz de los pobladores no será un eslogan de campaña para que los mismos de siempre se laven la cara; es una demanda autónoma que exige que se trate a la vivienda como un derecho social efectivo, no como una promesa electoral vacía. La presión de la calle debe ser el verdadero voto de castigo contra la inoperancia histórica.