AVANZA LA CRIMINALIZACIÓN DEL PUEBLO
En la primera cuenta pública de Kast, 1 de junio de 2026, éste anunció la creación del Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades. Continuando con las políticas de criminalización de los gobiernos anteriores, Kast incursiona en otra vertiente de unir los derechos sociales y su acceso a la condena por faltas o delitos. Esto está en la idea que también viene imponiendo el progresismo que a todo derecho le asiste un deber y que para ejercer los derechos se deben cumplir deberes lo cual contradice aquello que los derechos son universales, inalienables e inherentes al ser humano solamente por serlo. Pero, ¿en qué consiste el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades?
El Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades es un proyecto de ley en Chile impulsado por el Gobierno. Su objetivo es sancionar a quienes cometan actos de violencia, daños al patrimonio o incivilidades, restringiendo el acceso a beneficios sociales del Estado mientras figuren en dicho registro.
Detalles del Proyecto
- Autoridad: Proyecto de ley firmado por el Presidente José Antonio Kast durante la Cuenta Pública de junio de 2026.
- Objetivo: Disuadir y castigar conductas que dañan la infraestructura pública, los espacios comunitarios y el patrimonio.
Acciones que se sancionarían
El registro incluiría a personas condenadas por delitos y faltas, tales como:
- Atentados contra Carabineros y personal de salud.
- Destrucción de mobiliario público y rayados no autorizados.
- Comercio ambulante sin permiso y venta ilegal de alcohol.
- Tráfico de drogas y consumo en la vía pública.
Sanciones contempladas
Las personas inscritas enfrentarían la pérdida o la prohibición de acceder a beneficios estatales, que incluirían:
- La Pensión Garantizada Universal (PGU).
- Subsidios habitacionales o de arriendo.
- Becas estudiantiles
La Polémica
Ahora los progresistas levantan las voces ya que este nuevo registro afectaría derechos sociales, el acceso a ellos, como son la PGU, los subsidios habitacionales o de arriendo y las becas estudiantiles lo cual según ellos ahondaría en la marginación o marginalidad de quienes caigan en este nuevo registro lo cual traería el aumento de la delincuencia. Es lo que están llamando el «efecto globo». Sería también una ley «anti pobres».
Si bien el argumento esgrimido hoy por el progresismo es correcto y es una de las demandas del movimiento social (defender los derechos sociales y no ligarlos a procesos judiciales-penales), lo cierto es que ha sido el mismo progresismo el que ha abierto la puerta para este tipo de políticas y aberraciones que afectan directamente los derechos sociales. Lo que ocurre es que hoy el progresismo chilla porque su intención no es la defensa de los derechos sociales sino la construcción de una plataforma político-electoral para volver a La Moneda en cuatro años más de la mano de Gabriel Boric. ¿Qué fundamento tiene este planteamiento?
2021
Durante el gobierno de Sebastián Piñera y con los votos del conjunto de los partidos progresistas se aprueba el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
El Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos fue creado por la Ley N.º 21.389, promulgada el 10 de noviembre de 2021 y publicada en el Diario Oficial el 18 de noviembre de 2021. Su objetivo es facilitar el cobro de las pensiones alimenticias adeudadas mediante restricciones patrimoniales y administrativas para quienes incumplen sus obligaciones.
¿Quiénes ingresan al registro?
Se inscribe a quienes adeudan:
- 3 mensualidades consecutivas, o
- 5 mensualidades discontinuas,
de una pensión de alimentos fijada o aprobada judicialmente.
Principales efectos de estar inscrito en el registro
Quienes figuran en el registro pueden enfrentar, entre otras, las siguientes consecuencias:
- Retención de créditos bancarios
- Si solicitan un crédito de 50 UF o más, parte de los fondos puede destinarse al pago de la deuda.
- Retención de devoluciones de impuestos
- La devolución de impuestos puede ser retenida para pagar la deuda alimenticia.
- Dificultades para vender bienes
- En la venta de inmuebles o vehículos, puede exigirse que parte del dinero obtenido se destine al pago de la deuda.
- Restricciones para renovar documentos
- Pueden tener impedimentos para renovar la licencia de conducir o el pasaporte, salvo excepciones autorizadas por el tribunal.
- Retención de beneficios estatales
- Bonos, subsidios u otros beneficios económicos del Estado pueden ser retenidos para pagar la pensión adeudada.
- Retenciones de remuneraciones e indemnizaciones
- En ciertos casos pueden retenerse remuneraciones, honorarios, indemnizaciones por término de contrato u otros pagos.
- Obligaciones para autoridades y altos cargos
- La inscripción puede afectar declaraciones de patrimonio e intereses exigidas para determinados cargos públicos.
Comentario
Si bien es un derecho inalienable de los niños a ser asistidos por sus padres y/o progenitores y es deber de éstos procurar los recursos necesarios para su subsistencia y desarrollo como el no pago de las pensiones va en directo perjuicio del bienestar de los menores causando con ello un profundo drama social y desigualdad, lo cierto es que las consecuencias que los o las progenitoras que incumplen con el pago de las pensiones son también afectados en sus derechos sociales reduciendo el ingreso que podrían obtener lo cual serviría a la vez para el pago de las pensiones. Sería interesante saber cuál es la composición por estratificación social de quienes se encuentran en este registro. Lo más seguro es que en su mayoría pertenecen a los estratos proletarios.
2018
También en el gobierno de Sebastián Piñera y también con los votos del progresismo fue aprobado el Registro de Pasajeros Infractores (RPI).
En Chile existe el Registro de Pasajeros Infractores (RPI), conocido popularmente como el «registro de evasores del transporte público».
¿Cuándo se aprobó?
El registro fue creado por la Ley N.º 21.083, conocida como «Ley Antievasión», aprobada por el Congreso en 2018 y cuya entrada en vigencia comenzó el 5 de junio de 2018. Su finalidad es registrar a quienes son sorprendidos evadiendo el pago del transporte público y posteriormente no pagan las multas aplicadas.
Más recientemente, la Ley N.º 21.816 (conocida como «Paga tu Pasaje»), promulgada en 2026, endureció las sanciones y fortaleció los mecanismos de fiscalización.
¿Quiénes ingresan al registro?
No basta con ser sorprendido una vez sin pagar. Generalmente ingresan quienes:
- Son infraccionados por evasión del pago del pasaje.
- No regularizan la situación ni pagan la multa correspondiente dentro de los plazos legales.
Efectos de estar en el Registro de Pasajeros Infractores
Las personas con inscripción vigente pueden enfrentar restricciones como:
- Obtener o renovar la licencia de conducir.
- Obtener o renovar el permiso de circulación de vehículos.
- Obtener o renovar el pasaporte.
- Obtener o renovar la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).
- Acceder a beneficios de rebaja o exención tarifaria en el transporte público.
- Comprar entradas o ingresar a recintos de fútbol profesional y otros eventos deportivos cuando la prohibición sea incorporada a los sistemas de control correspondientes.
Comentario
Así como el actual Registro de Vándalos, en discusión, afectaría el acceso a la PGU y a becas estudiantiles entre otros, este registro de evasores del transporte público también afecta derechos sociales como el acceso a la TNE y el derecho al trabajo al prohibir la renovación de la licencia de conducir y de circulación lo que redundaría en el mejoramiento de la vida del trabajador al no tener acceso a un salario y esto a la vez redundaría en el pago de las pensiones de alimentos al no contar con un ingreso suficiente.
El alza constante del pasaje de la locomoción colectiva junto con el congelamiento de los sueldos que en su gran mayoría se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, junto con pensiones de hambre, hace que la evasión no sólo sea una necesidad sino un derecho en el ejercicio legítimo de la desobediencia civil. Este registro persigue también inhibir la desobediencia civil. Cuando el progresismo concurrió con sus votos para la aprobación no le importaron los derechos sociales que vulnerarían ni cómo afectaría el derecho al trabajo. Sólo le importó defender los intereses de los consorcios del transporte.
1994
Fue bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle que se aprueba el Registro Nacional de Violencia en los Estadios.
En Chile no existe actualmente un “Registro Nacional de Violencia en los Estadios” con ese nombre específico. Lo que existe es un sistema de prohibición de ingreso a estadios para personas sancionadas por hechos de violencia o sujetas al derecho de admisión, regulado principalmente por la Ley N.º 19.327 sobre violencia en los recintos deportivos y sus modificaciones posteriores.
¿Cuándo se aprobó?
La ley original fue aprobada en 1994 como la Ley N.º 19.327, estableciendo normas para prevenir y sancionar hechos de violencia en espectáculos de fútbol profesional.
Posteriormente, una reforma importante fue promulgada en septiembre de 2012, fortaleciendo las medidas de seguridad, la identificación de asistentes y las sanciones para quienes cometen actos violentos.
¿Qué efectos tiene estar registrado o sancionado?
Las personas que son incorporadas en nóminas de prohibición de ingreso o afectadas por el derecho de admisión pueden enfrentar:
- Prohibición de ingresar a estadios por períodos determinados o, en casos graves, por largos años.
- Control de identidad obligatorio al comprar o utilizar entradas, mediante sistemas implementados por clubes y organizadores.
- Aplicación del derecho de admisión, que permite impedir el acceso a personas que representen riesgos para la seguridad o que tengan prohibiciones vigentes.
- Expulsión del recinto deportivo si se detecta una infracción durante el evento.
- En los últimos años, además, se ha impulsado el Registro Nacional de Hinchas, destinado a identificar a los asistentes y facilitar el control de quienes tienen prohibición de ingreso, aunque su implementación y obligatoriedad han sido objeto de debate legislativo.
Comentario Final
Cada uno de estos registros nacionales, como otros que pudieran existir o ser creados en el futuro, tienen todos ellos como finalidad avanzar en la criminalización de la clase trabajadora y amarrar los derechos sociales a la imposición de conductas impuestas por el Estado en la intención de, a través de la represión, imponer la sumisión, la obediencia ciega y «civilizar» cualquier conducta disruptiva que amenace a la «autoridad» en cualquiera de sus formas. Es el ejercicio solapado de un autoritarismo que ha ido pavimentando su camino desde argumentos de «toda lógica» o desde el sentido común. Cada uno de estos registros contienen un sentido clasista y van dirigidos contra la clase proletaria. Tiene como finalidad la de amarrar derechos con deberes como si existiera una «declaración universal de los deberes humanos».
Toda esta política represiva ha sido concordada entre la derecha fascista y la derecha progresista en contra del pueblo. Todas ellas afectan derechos sociales y todas ellas aumenta la presencia del gran hermano. Todos estos registros presentes como los futuros se basan en la misma lógica política-jurídica. Son calco y copia una de otras abarcando áreas diferentes. ¿Por qué entonces reacciones distintas ante una misma lógica represiva? Si hoy el progresismo «rechaza» el registro nacional de vándalos, ¿por qué apoyo y festejó los anteriores si se basan en los mismos criterios con lo mismos fines?
