DERECHOS HUMANOS Y LUCHA DE CLASES
Se ha desatado la polémica por el proyecto aprobado en el senado que deja en libertad a prisioneros de 70 años y más. El proyecto presentado por la derecha fascista tiene por objetivo dejar en libertad a lo genocidas-terroristas que durante la dictadura de Pinochet cometieron los peores crímenes en la historia de Chile. Sin duda este hecho le servirá al progresismo para «diferenciarse» de estos otros.
Uno y otro bando saca a relucir los mejores argumentos para ser los defensores de los derechos humanos, los fascistas en defensa de la supuesta «ancianidad indefensa» y los progresistas como los defensores de los derechos humanos a ultranzas. Sin embargo la historia es algo diferente por cuanto ambos bandos defienden un garras y colmillos el sistema de explotación capitalista y para ello el gobierno de Boric ha cooperado bastante.
Uno de los pilares de la transición a la democracia fue precisamente la impunidad de los altos mandos de las fuerzas armadas como también de los altos mandos empresariales y religiosos que participaron en el golpe de estado y durante la dictadura de Pinochet. Esto llevó que al inicio de la transición los gobiernos civiles-burgueses de Aylwin y Frei intentaran imponer una ley de punto final o reducir la investigación de los casos de violaciones a los derechos humanos ante los tribunales sólo acotadamente en torno a «casos emblemáticos», aquellos de mayor impacto mediático, e imponiendo la idea de la «justicia en la medida de lo posible» y en otras ocasiones argumentando «razones de estado» para no continuar con los procesos judiciales. Dice mucho que ninguno de quienes integraron la Junta Militar, en sus diferentes etapas, fuesen procesados ni menos investigados. Todos murieron en sus casas.
Mucho se ha hablado que en Chile, finalmente, se hizo justicia por cuanto habrían numerosos militares condenados. Veamos si es cierto.
Revisando internet encontramos que la totalidad de agentes que participaron en la represión durante la dictadura alcanzó a 5000 y que hasta el 31 de diciembre, 2025, sólo habían 365 genocidas-terroristas condenados por crímenes contra la humanidad, terrorismo de estado, tortura u otros. Esto quiere decir que 4635 agentes de la represión quedaron en la más plena impunidad y anonimato. Es también significativo que solamente durante el gobierno de Aylwin y Frei hubo 500 presos políticos revolucionarios encarcelados y condenados todos ellos sometidos a diferentes formas de torturas y muchos de ellos sometidos a dobles condenas, es decir, tanto por la justicia militar como por la justicia civil.
Si para los genocidas se construyó el penal de Punta Peuco que en buenas cuentas era un penal cinco estrellas con todas las comodidades que se puede imaginar uno, la Cárcel de Alta Seguridad, CAS, fue construida especialmente para los presos revolucionarios y con un régimen carcelario destinado a su aniquilamiento. Cumplir una pena en un penal cinco estrellas no es precisamente hacer justicia. Es también una expresión de impunidad.
Otra expresión de impunidad es que en la actualidad existen alrededor de 140 presos políticos que en su mayoría pertenecen al Pueblo-Nación Mapuche cifra que constantemente se va incrementando con nuevas detenciones y procesamientos truchos donde se incluyen los testigos sin rostro práctica propia del Derecho Penal del Enemigo. Esto contrasta con los 365 ex agentes genocidas-terroristas donde esa cifra se ha estancado circunscribiéndolo a ellos toda la responsabilidad de la represión dejando fuera a los más de 4000 agentes restantes como a aquellos generales civiles del golpe de estado que pasaron a ser «hombres de bien» del gran empresariado.
Pero, los ex agentes genocidas-terroristas ¿solamente reprimieron?
Se sabe que el alto mando de las fuerzas armadas, el generalato, también se enriquecieron y fueron parte del saqueo a las empresas públicas del estado existentes antes del golpe de estado y del saqueo a recursos públicos. Es cosa de ver lo ocurrido con la familia Pinochet-Hiriart y el nivel de vida de aquellos generales y como muchos ex represores crearon nuemerosas empresas e hicieron muy buenos negocios desde 1990 hasta hoy y durante la dictadura. ¿Cuántas empresas de seguridad están en manos, o fueron creadas por ex agentes genocidad-terroristas? ¿Cuántos ex agentes ahora se visten de empresarios haciendo buenos negocios con algunas empresas del estado? O ¿cuántos ex agentes represores se visten ahora de académicos e incluso historiadores como es el caso de Guillermo Parvex cuyos libros se venden en todas las librerías como si fuera blanca paloma y falsificando la historia de Chile.
Pero supongamos que todo lo descrito más arriba es falso y errado. Veamos hechos concretos.
Patricio Aylwin Azocar, ex presidente de Chile, fue uno de los gestores del golpe de estado y su partido, la Democracia Cristiana también recibiendo financiamiento de la CIA sin embargo ha pasado a la historia como un demócrata al cual le deberíamos dar las gracias por la transición pactada, por la democracia de seguridad nacional impuesta y por la impunidad.
Aylwin también pasó a la historia como el gestor del Informe Rettig, o verdad oficial de la historia durante la dictadura. Lo que no se recalca que la Comisión Rettig estuvo integrada también por el «historiador» Gonzalo Vial defensor de la dictadura Pinochet y encargado de redactar el Marco Histórico del Informe Rettig. Gonzalo Vial también pasó a la historia como un demócrata.
Pero dicho sea de paso, el asesor de Aylwin durante su presidencia fue nada menos Federico Willouby ex integrante del Frente Nacionalista Patria y Libertad, uno de los gestores del golpe y defensor de la dictadura.
Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Sebastián Piñera comparten cosas en común más allá que cuando niños o jóvenes jugaban y se conocían al ser ambos padres de estos destacados dirigentes de la Democracia Cristiana. El padre de Eduardo Frei Ruiz-Tagle llegaría ser presidente de Chile y golpista 100% y el padre de Sebastian Piñera, también ex presidente, José Piñera Carvallo, aparte de ser golpista y democristiano fue también agente de la CIA. Pero más allá de esto ambos ex presidentes como empresario se enriquecieron durante la dictadura y obtuvieron los beneficios del modelito neoliberal contra el cual no tuvieron ningún reparo salvo buenas palabras.
Pero, últimamente, el gobierno de Frei Ruiz-Ta¡gle pasará a la historia como el que asesoró a Pinochet en Londres para que este mintiera ante la justicia británica y así burlar la justicia internacional.
¿No es todo esto, hasta aquí, impunidad o mejor dicho justicia de clase, de la clase dominante?
Entonces, llama la atención que ahora el progresismo ponga el grito por los cielos y alzándose contra la impunidad en circunstancias que desde que se empezó a pactar con la dictadura, antes de 1990, fue el progresismo mismo quien aseguró enormes grados de impunidad y la mantención de todo el sistema construido e impuesto a sangre y fuego durante la dictadura. ¡Con qué moral se alzan contra la impunidad hoy!
La lucha de clases abarca todos los planos y el plano de los derechos humanos no es una excepción.
Si partimos de la base que la misma concepción de los derechos humanos y su expresión internacional (pactos y tratados) tienen una orientación basado en el derecho burgués que a la vez asegura la propiedad privada entonces ya partimos mal.
Pero seamos benevolentes y pensemos que esa concepción de los derechos humanos es para todos igual sin distingo de clases o de origen de clases es la misma realidad lo que lo niega. ¿Por qué?
Porque las leyes no representan «el espíritu del legislador» sino que representan la voluntad de la clase dominante y es también expresión de la correlación de fuerzas que se da en el mismo momento en la redacción y promulgación de las leyes.Y por expresión de la voluntad y deseo de la clase dominante estamos hablando desde la constitución política hacia abajo. Quien tiene el poder es quien redacta las leyes. Si queremos hilar más fino veremos que quienes si sitúan en el progresismo como en la derecha fascista tienen la misma actitud y posición política cuando se trata de respetar los derechos fundamentales de un revolucionario, de un preso revolucionario. Contra ellos caen las penas del infierno no así contra los genocidas que son los verdaderos terroristas de la historia.
¿Puede el pueblo esperar justicia plena y total por parte de uno de los poderes del estado burgués como lo es el poder judicial? No. Si no es total será limitada y casi simbólica.
¿Puede el pueblo ejercer su propia justicia, su propia justicia popular? Claro que sí. Preguntémosle a Somoza, a Mussollini, a Pinochet y tantos otros esbirros que sufrieron la furia popular mediante mano armada. Porque al final de cuenta, cuando la justicia tarda ya no es justicia. La Justicia Popular es también expresión de la lucha de clases y se encuentra en la vereda opuesta a la justicia burguesa. La primera expresa la voluntad política de la mayoría transformada en poder, la segunda representa la voluntad política de quienes han usurpado el poder.
